La crisis alimentaria y climática provocada por el actual modelo alimentario, liderado por la agricultura intensiva y las empresas multinacionales, impulsa un nuevo paradigma más sustentable.
Por María Luján Torralba
¿Los alimentos son un derecho o una mercancía? Acuerdo porcino con China, trigo transgénico, deforestación, inundaciones, son algunos de los factores que ponen en foco la crisis alimentaria, financiera y climática provocada por el actual modelo alimentario liderado por la agricultura intensiva, las empresas multinacionales y la dependencia a los insumos químicos.
Este paradigma ha sido perfeccionado y desarrollado principalmente en los últimos 30 años. Como respuesta a estos avasallamientos a la tierra, en el Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria, que tuvo lugar en Roma en junio de 2002, se determinó como Soberanía Alimentaria al “derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.”
Marcos Filardi, abogado especialista en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria e integrante de Calisa Cátedra libre de soberanía alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, manifestó en una entrevista con XX que la soberanía alimentaria constituye un modelo alimentario alternativo al dominante fundamentado en la forma de producción hegemónica dependiente de los transgénicos, de los agrotóxicos y de los agronegocios basados en la exportación.
La propuesta de Calisa, como de otras organizaciones con los mismos objetivos, es el desarrollo de otra manera de producir en armonía con la naturaleza y los seres humanos, que es la agroecología de base campesina, familiar e indígena. A su vez, esta forma de producción se relaciona con la distribución de estos productos para su consumo local basado en un comercio justo.
“La alimentación no puede estar librada a los juegos de la oferta y la demanda, sino que debe ser reconocida como un derecho humano. Nuestra Constitución reconoce el derecho de todos y todas a tener acceso a una alimentación adecuada o tener los medios para obtenerla. Por lo tanto, el Estado nacional, provincial y municipal no puede estar ajeno a cuando se violan estos derechos. Por otro lado, debe garantizar la sustentabilidad de los recursos, es decir, que la satisfacción de nuestras necesidades no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras”, sostiene Filardi.
Una peligrosa paradoja.
Las megafusiones corporativas entre Bayer con Monsanto, DuPont con DowChemical y Syngenta con ChemChina, que concentran el mercado mundial de semillas, hacen presión en los gobiernos para tener marcos normativos que sean afines a sus intereses. Como por ejemplo, restringir el derecho de los agricultores a tener sus semillas e intercambiarlas libremente a cualquier título a otros campesinos, según argumenta el representante de Calisa.
Fuente: Ginnette Riquelme / Reuters
El aparente objetivo de estas empresas es acabar con el hambre en el mundo. Sin embargo, este mito ha sido derribado por las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que expresan que en el año 1985 se produjeron la cantidad de alimentos suficiente para satisfacer las necesidades de toda la población mundial. Paradójicamente, cerca de un millón de personas murieron de hambre ese mismo año en la hambruna de Etiopía.
Filardi pone en énfasis que en el año 2000, la FAO hizo un informe que dice que estamos produciendo alimentos para 12 mil millones de personas. “Hoy tenemos más de mil millones de personas que padecen hambre, 2 mil millones de personas que padecen malnutrición y existen más de 1.500 millones de personas con sobrepeso. En síntesis, cerca de un cuarto de lo que se produce no llega a las bocas de quienes lo necesitan. El problema es de acceso, de distribución y, principalmente, un problema político.”
Lo que se escribe con una mano…
En la Argentina, como en otros países del mundo, los marcos legales tienen letra chica o no son respetados. Por un lado, el lunes 21 de septiembre del 2020 el presidente Alberto Fernández y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié presentaron un nuevo plan de políticas ambientales con el objetivo de construir un modelo sostenible, de consumo responsable y de cuidado del ambiente a nivel nacional que abarca las áreas agroecología, residuos, educación e incendios.
Entre las propuestas discutidas con otros representantes políticos locales, activistas juveniles, guardaparques y brigadistas, recuperadores urbanos y representantes de la sociedad civil, se presentó el Plan Casa Común, que busca promover proyectos de agroecología municipal a través de financiamiento. Contará con un presupuesto de 600 millones de pesos para este año. Además, busca generar y preservar reservar naturales urbanas, viveros y áreas verdes, según informa el medio Redacción.
Por otro lado, el 16 de diciembre, casi tres meses después, se conocieron los primeros lineamientos del Acuerdo porcino con China que consiste en la instalación de granjas industriales de cerdos en territorios argentinos generando desmontes y desalojos campesinos, entre otros desastres naturales y sanitarios. El problema no es solo la producción descomunal que se originaría en nuestro país, sino la contaminación que vendría con ella. No sólo afectaría la explotación de recursos como el suelo y el agua, sino que traería infinitas enfermedades tales como las que produce la sojización , al arrojar un 1.400 % más de venenos hace veinticinco años atrás, según publicó GreenPeace en agosto del año pasado.
Una propuesta sustentable
La Soberanía Alimentaria es un objetivo posible que puede convivir con la agroexportación siempre y cuando ésta se ajuste a los marcos legales que promuevan políticas sustentables y, a su vez, éstos sean respetados por los gobiernos. Las industrias alimentarias deberían reconocer la importancia de implementar prácticas que garanticen la calidad e inocuidad de sus producciones, en concordancia con el medio ambiente. Un trabajo difícil mientras las grandes empresas continúen monopolizando el sector.
De todas maneras, la agroecología en grandes superficies a escala propone otro sistema alimentario posible que sólo es factible mientas sea realizado colectivamente. Las redes de Comercio Justo, las ferias de alimentos, las cátedras libres sobre Soberanía Alimentaria, los mercados populares, las alianzas de cooperativas y las siembras comprometidas son algunos espacios de un respetuoso intercambio de alimentos frescos, sanos y nutritivos.
+ Plus – Documental: Saber comer, realizado por Calisa
El documental que pone en cuestión la Soberanía Alimentaria desde la perspectiva de los y las consumidoras de alimentos. ¿Qué nos estamos llevando a la boca? ¿Es saludable? ¿Podemos elegir lo que comemos?
El cortometraje expone que de qué manera se puede comer frutas y verduras sin agrotóxicos y sus beneficios a nivel nutricional. Por otro lado, plantea el caso de la nutrición infantil y los comedores escolares. También, cuestiona al modelo agroindustrial dominante de monocultivos destinados a la exportación que consiste en un paquete de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos.
“Amontonamos las vacas, amontonamos los chanchos, amontonamos los pollos y se produce más gas metano. Después tenemos la gripe porcina y la gripe aviar pero tenemos luego la vacuna, que la producen ciertas empresas monopólicas”, sentencia Myriam Gorman, integrante de Calisa, en el documental.
